Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El refrán popular que dice “en todos lados se cuecen habas” cobra un sentido particular cuando se habla de violencia en México. La frase, que advierte que los problemas no son exclusivos de un sitio, se refleja en la realidad de los estados más golpeados por la inseguridad. Hoy, Colima y Sinaloa aparecen como ejemplos claros de cómo la violencia se ha instalado en la vida cotidiana, mostrando que el fenómeno no distingue fronteras ni colores políticos, sino que se reproduce en distintos rincones del país.

Colima, pese a ser uno de los estados más pequeños de la República, ha encabezado en varias ocasiones las listas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Su tamaño no lo protege de la magnitud del problema; al contrario, la violencia se siente más cercana, más inmediata, porque las comunidades son reducidas y el impacto se multiplica. La presencia de grupos criminales que disputan rutas estratégicas convierte a este estado en un territorio donde la vida cotidiana se ve constantemente alterada por la inseguridad. La ciudadanía vive con la sensación de que cualquier espacio puede convertirse en escenario de un hecho violento.

Sinaloa, por su parte, carga con una historia marcada por la presencia de organizaciones criminales que han alcanzado notoriedad internacional. El estado se ha convertido en sinónimo de narcotráfico, y aunque las autoridades insisten en que se trabaja para recuperar la paz, la percepción social es que la violencia forma parte de la identidad de la región. Los enfrentamientos, las desapariciones y los ajustes de cuentas han dejado huella en generaciones enteras, que han aprendido a convivir con la incertidumbre como parte de su día a día. La violencia aquí no es un fenómeno aislado, sino un elemento que atraviesa la política, la economía y la cultura.

Decir que en todos lados se cuecen habas es reconocer que la violencia no es exclusiva de Colima o Sinaloa, sino que se extiende a lo largo y ancho del país. Sin embargo, estos estados se convierten en símbolos de cómo la inseguridad puede arraigarse con tal fuerza que termina definiendo la narrativa pública. La ciudadanía se acostumbra a vivir con miedo, los gobiernos locales se ven rebasados y las instituciones enfrentan el reto de recuperar credibilidad. La violencia deja de ser un dato estadístico y se convierte en una experiencia cotidiana que marca la vida de las personas.

El análisis no puede quedarse en la descripción de cifras. La violencia en Colima y Sinaloa refleja un problema estructural: la falta de políticas de prevención, la debilidad de las instituciones y la incapacidad de generar oportunidades que alejen a los jóvenes de las dinámicas criminales. La inseguridad no se combate solo con operativos, sino con educación, empleo y tejido social. Mientras esas condiciones no se fortalezcan, los estados seguirán atrapados en un círculo vicioso donde la violencia se reproduce y se normaliza.

La opinión pública exige respuestas claras y resultados tangibles. La ciudadanía está cansada de discursos que prometen cambios pero no logran transformar la realidad. Colima y Sinaloa son recordatorios de que la violencia no es un fenómeno lejano ni ajeno, sino una herida abierta que atraviesa al país entero. Reconocer que en todos lados se cuecen habas no debe ser una resignación, sino un llamado a la acción: si los problemas son comunes, las soluciones también deben ser compartidas, coordinadas y sostenidas.

La columna vertebral de la seguridad en México pasa por reconocer que la violencia no distingue territorios. Colima y Sinaloa son ejemplos extremos, pero también espejos que reflejan lo que puede ocurrir en cualquier estado si no se atienden las causas de fondo. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y los gobiernos tienen la obligación de demostrar que la violencia no es destino, sino un desafío que puede enfrentarse con voluntad, estrategia y compromiso real.

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