Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La primera mitad del año ha dejado una huella clara en los negocios y en los consumidores: el encarecimiento de los alimentos, derivado del incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ha frenado el consumo y ha tensionado la dinámica cotidiana de la economía. No se trata de una percepción aislada, sino de un fenómeno que se refleja en los anaqueles, en los bolsillos y en la manera en que los hogares ajustan sus hábitos de compra. El alza de precios no es un dato frío, es una realidad que erosiona la confianza y obliga a replantear prioridades.

El IEPS, concebido como un instrumento fiscal para regular ciertos productos y fortalecer la recaudación, ha terminado por convertirse en un factor que amplifica la presión sobre los alimentos básicos. El efecto inmediato ha sido la contracción del consumo: las familias reducen cantidades, sustituyen productos y, en muchos casos, prescinden de lo que antes era parte de su dieta habitual. Los negocios, por su parte, enfrentan un dilema: trasladar el costo al consumidor o absorberlo a riesgo de comprometer su margen de ganancia. En ambos escenarios, la consecuencia es la misma: un mercado debilitado y una cadena de valor que se resiente.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha señalado con claridad que el encarecimiento inhibió el consumo durante los primeros meses del año. Este diagnóstico no es menor, porque refleja la vulnerabilidad de un sector que depende directamente de la rotación de productos y de la capacidad de compra de los clientes. Cuando el consumo se frena, los pequeños negocios pierden liquidez, se reduce la circulación de efectivo y se genera un círculo vicioso que afecta tanto a proveedores como a distribuidores. El impacto no se limita a las cifras: se traduce en menos empleo, en incertidumbre y en la fragilidad de miles de familias que dependen de estas actividades.

El análisis obliga a mirar más allá de la coyuntura. El alza de precios no es únicamente resultado del IEPS; se suma a un contexto de inflación persistente, de costos energéticos elevados y de tensiones en las cadenas de suministro. Sin embargo, el impuesto actúa como catalizador de un malestar que ya existía. La política fiscal, en este caso, se convierte en un factor que profundiza la desigualdad, porque los sectores de menores ingresos son los más afectados por el encarecimiento de los alimentos. La canasta básica, que debería ser accesible, se transforma en un desafío económico diario.

La opinión pública se divide entre quienes defienden la necesidad de mantener la recaudación y quienes cuestionan la pertinencia de aplicar un impuesto que golpea directamente al consumo esencial. En medio de este debate, los negocios pequeños son los que cargan con el peso de la decisión. No tienen la capacidad de negociar precios a gran escala ni de diversificar sus fuentes de ingreso; dependen de la venta diaria y de la fidelidad de sus clientes. Cuando estos clientes se ven obligados a reducir su gasto, el impacto es inmediato y profundo.

La realidad es que el consumo inhibido no solo refleja un problema económico, sino también social. La alimentación es un derecho básico, y cuando se convierte en un lujo, se abre la puerta a consecuencias más graves: desnutrición, deterioro de la salud y pérdida de calidad de vida. El encarecimiento de los alimentos no puede analizarse únicamente en términos de recaudación fiscal; debe considerarse en su dimensión humana y en su capacidad de afectar la cohesión social.

La columna vertebral de la economía mexicana está formada por pequeños negocios, por mercados locales y por la interacción cotidiana entre comerciantes y consumidores. Si esa columna se debilita, el país entero resiente las consecuencias. El IEPS, en su diseño, puede tener objetivos legítimos, pero en su aplicación ha mostrado efectos que requieren revisión. La política pública debe ser sensible a la realidad de quienes viven al día y dependen de un consumo constante para sostenerse.

Hoy, más que nunca, se impone la necesidad de un equilibrio: recaudar sin asfixiar, regular sin inhibir, fortalecer sin debilitar. El alza de precios es un recordatorio de que las decisiones fiscales tienen un impacto directo en la vida diaria, y que detrás de cada cifra hay historias de esfuerzo, de resistencia y de adaptación. Los negocios resienten, los consumidores ajustan, y la economía busca un camino que permita crecer sin dejar a nadie atrás. Esa es la tarea pendiente, y el desafío que no puede ignorarse.

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