Vida Pública.

Por: ARTURO HUICOCHEA.

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI confirma una tentación peligrosa en el discurso público: convertir variaciones marginales en supuestos logros. A nivel nacional, la percepción de inseguridad registra una ligera disminución. Pero al observar con rigor —considerando el margen de error de la propia encuesta— la conclusión es otra: en los municipios del Estado de México no hay evidencia de mejora real. Hay oscilaciones estadísticas, no cambios sustantivos.

El dato que importa no es cuánto baja, sino dónde se mantiene. Y en el Estado de México la realidad es contundente: amplias zonas metropolitanas siguen con niveles superiores al 80% de percepción de inseguridad. Es decir, ocho de cada diez personas consideran inseguro su entorno. Eso no es una coyuntura. Es una condición estructural que revela la incapacidad de las estrategias actuales para modificar la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Frente a ello, conviene recuperar lo esencial del modelo impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. No es un documento decorativo, sino una ruta clara de intervención que, bien aplicada, ha demostrado eficacia en distintos contextos.

Su primer eje es la policía de proximidad real. No basta con patrullajes aleatorios ni con presencia simbólica. Se requieren cuadrantes definidos, contacto sistemático con la ciudadanía y conocimiento territorial profundo. La seguridad no se impone; se construye en interacción cotidiana.

El segundo eje es la inteligencia. Sin análisis de datos, sin identificación de patrones y sin focalización, la acción policial es reactiva y dispersa. La seguridad exige método: mapas de riesgo, seguimiento de conductas recurrentes y toma de decisiones basada en evidencia.

El tercer eje es la justicia cívica. Ahí está uno de los mayores rezagos. Las faltas administrativas no atendidas son la antesala de delitos mayores. Resolver conflictos vecinales, sancionar conductas antisociales y aplicar medidas restaurativas no es un tema menor: es prevención en su forma más inmediata.

Si el modelo existe, la pregunta es por qué no se refleja en los resultados. La respuesta es directa: falta implementación efectiva a nivel municipal. La seguridad pública en México se juega en lo local, y es ahí donde persiste la distancia entre el diseño institucional y la realidad operativa.

Por ello, el llamado es claro. Las y los presidentes municipales del Estado de México deben dejar de administrar inercias y asumir decisiones. La seguridad no admite simulación ni triunfalismos prematuros.

No se trata de inventar soluciones, sino de ejecutar con rigor. Profesionalizar a las policías, invertir en tecnología útil, fortalecer los juzgados cívicos y articular esfuerzos con la comunidad.

Porque la ciudadanía no vive en promedios ni en márgenes de error. Vive en calles donde la percepción define conductas, limita libertades y condiciona la vida diaria. Y mientras eso no cambie, cualquier celebración estadística será, simplemente, autoengaño.

La provocación final es directa: ¿qué están esperando los gobiernos municipales para implementar, sin pretextos ni simulaciones, la Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad Pública?

@ArturoHuicochea

#YoDigoYoPregunto