• Debemos analizar con mayor responsabilidad y acompañamiento las situaciones que atraviesan los jóvenes, a fin de prevenir su participación en actividades delictivas e ilícitas, subrayó.
• El reto es armonizar estos principios con la responsabilidad de padres, tutores y del Estado.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El diputado Sergio Mayer Bretón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, encabezó el parlamento abierto “Régimen Excepcional de Consecuencias Agravadas para Adolescentes”, a fin de analizar el sistema de justicia para adolescentes y su papel en la prevención del delito, con la participación de especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil.

En su intervención, manifestó que uno de los desafíos en la gestión de la justicia, es enfrentar el aumento de los delitos graves, como asalto, robo, violación, secuestro, homicidio, feminicidio, narcomenudeo y crimen organizado. Destacó que, entre los principales retos, se encuentra el incremento de delitos graves cometidos por menores de edad, fenómeno que ha llevado a diversos países a modificar sus sistemas legales.

Este fenómeno social, dijo, está impactando de manera considerable a nivel mundial y ha llevado a diversos países a reformar el sistema integral de justicia para adolescentes, mediante un régimen excepcional de penas agravadas. “Muchos países han endurecido las penas para menores de edad y han reducido la edad de impunidad, como consecuencia del aumento de la delincuencia juvenil y el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales”, sostuvo.

El legislador federal advirtió sobre la necesidad de analizar con responsabilidad la situación que enfrentan las juventudes en México. “Estamos convencidos de que algo está pasando con algunos de nuestros jóvenes que debemos analizar con mayor responsabilidad y acompañamiento… con la finalidad de prevenir su participación en actividades delictivas e ilícitas”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el objetivo no es criminalizar a las y los adolescentes, sino fortalecer el marco institucional. Expresó que no se trata de juzgar a los adolescentes como adultos, pero sí, “de revisar el sistema integral de justicia vigente para que con sus actos tengan consecuencias proporcionales a los delitos cometidos”, expresó.

Mayer Bretón también señaló que los cambios sociales, tecnológicos y culturales han transformado el entorno en el que crecen niñas, niños y jóvenes, lo que implica nuevos retos para las instituciones. “Hoy día existen nuevas estructuras familiares, nuevas costumbres, nuevo lenguaje, nueva educación y diversidad de género, lo que proporciona nueva demanda social y, por supuesto, desafíos en la gestión de la justicia”, indicó.

En ese contexto, el diputado federal expuso la necesidad de analizar modelos internacionales en materia de justicia juvenil, destacando que “con la reforma RISE DH, los jóvenes de 16 y 17 años son procesados como adultos cuando cometen delitos graves”. Asimismo, señaló que, mientras en Europa se prioriza la rehabilitación, en países como El Salvador “se han implementado cambios drásticos… enfocándose en endurecer las penas”, lo que —afirmó— “ha reducido notablemente los índices delictivos”.

El legislador explicó que dichas medidas forman parte de estrategias más amplias contra el crimen organizado, aunque han generado controversia internacional. En ese sentido, apuntó que organismos como la ONU han cuestionado estos modelos al considerar que “la detención de menores debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible”, postura que, dijo, para algunos sectores resulta “absolutamente paternalista y alejada de la realidad social del mundo actual”.

En el contexto nacional, Mayer Bretón advirtió sobre el incremento de delitos cometidos por menores de edad y citó casos recientes que evidencian la gravedad del problema. Subrayó que ciertas resoluciones judiciales envían mensajes preocupantes a la sociedad, al señalar que “ese es el mensaje que se dio justamente en esta condena”, donde, pese a la violencia de los hechos, las sanciones resultaron mínimas, lo que refleja “la descomposición social y el mensaje que estamos dando en los temas punitivos”.

Finalmente, enfatizó la importancia de equilibrar los derechos de los adolescentes con los de las víctimas, al sostener que “el interés superior del menor en ningún caso puede ser base para justificar un desbalance o menoscabar los derechos de las víctimas y de la sociedad”. Añadió que el reto es armonizar estos principios con la responsabilidad de padres, tutores y del Estado, por lo que llamó a un análisis profundo: “¿Tenemos las condiciones jurídicas y sociales para llevarlo a cabo? Esa es la pregunta”, concluyó.

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