Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM
Diputadas y diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense iniciaron análisis de la iniciativa del legislador José Miguel Gutiérrez Morales (morena) para sancionar el nepotismo como una falta administrativa, toda vez que actualmente solo está implícito en el concepto de ‘conflicto de intereses’.
En la reunión, presidida por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), el proponente detalló su propuesta que establece que llas y los servidores públicos deberán abstenerse de nombrar, contratar o promover a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que, por razón de su adscripción, dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sean titulares.
Añadió que deberán excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda derivar algún beneficio para sí mismos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que mantengan relaciones profesionales, laborales, de negocios o societarias.
De igual forma, la persona servidora pública que se encuentre en este supuesto deberá informar de inmediato a la Secretaría de la Contraloría estatal sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a los que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento.
Al respecto, José Miguel Gutiérrez precisó que el parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado comprende a madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, nietas, nietos, abuelas y abuelos. Asimismo, explicó que, por afinidad o vínculo civil de la persona servidora pública, se incluye a familiares de la o el cónyuge —como suegras, suegros, yernos, nueras, cuñadas, cuñados, primas, primos, tías, tíos e hijas e hijos— quienes no podrán ocupar un cargo público en las condiciones señaladas.
El parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) reconoció que la propuesta armoniza la legislación estatal con las reformas constitucionales en la materia impulsadas por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Cabe mencionar que esta iniciativa modifica la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para homologarla con la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal.
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