Por: JUAN CARLOS NÚÑEZ.

En el llamado “plan B” de la reforma electoral presentada por Sheinbaum, se observa una preocupante tendencia hacia la centralización administrativa (y política) que amenaza con desmantelar los cimientos del municipio libre. El documento plantea una reconfiguración radical de los ayuntamientos que, lejos de ofrecer la democracia de proximidad, parece diseñada para debilitar los contrapesos institucionales y silenciar la pluralidad política en el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía.

Ahora, la parte más preocupante es el silencio absoluto respecto a la amenaza más destructiva para la democracia municipal: la captura del Estado por parte del crimen organizado, es el mayor vacío en la propuesta de reforma. Mientras el gobierno se desgasta discutiendo el sueldo y el número de regidores, los cárteles del narcotráfico están decidiendo quién compite, quién gana y, sobre todo, quién administra los contratos de obra pública en cientos de municipios (de todos los tamaños, por cierto).

Alejándose del problema principal que aqueja a nuestros municipios, en el documento se presenta la cantaleta, otra vez, disfrazada de argumento (reduccionista y peligroso), de que se pretende eliminar privilegios y generar ahorros por 4,000 millones de pesos. Sin embargo, la democracia no puede ser medida exclusivamente por el costo financiero. La diversidad política municipal, compleja en sí misma, debe privilegiar la vigilancia constante de todas las fuerzas políticas entre sí, para alcanzar equilibrios y decisiones racionales. La pretendida reforma al artículo 115 constitucional establece un diseño de cabildos que no corresponde a la realidad operativa de la mayoría de los municipios mexicanos.

¿Cuál es el contexto actual de nuestros municipios en cuanto a su tamaño? En el ámbito nacional, solamente 56 tienen más de 15 integrantes en el cabildo; en contrapartida, existen 1,089 que tienen menos de 7 ediles. El planteamiento presidencial ignora estos máximos y mínimos, así como las funciones que las constituciones estatales y las leyes locales asignan a las sindicaturas. Sin duda, al imponer un criterio federal único en la conformación de los cabildos, se violenta la soberanía de los estados y la autonomía municipal. Eliminar la representación de minorías (personificadas en la oposición partidista), al obligar a una reducción artificial en los municipios más poblados, que reúnen la actividad económica y política, obliga a concentrar las decisiones en la planilla ganadora.

En el sistema municipal mexicano, el cabildo actúa como órgano de control; los síndicos y los regidores tienen la facultad legal de revisar la hacienda pública, aprobar presupuestos y vigilar que las obras se realicen conforme a la ley. Estrictamente hablando, el cabildo es una asamblea donde las y los presidentes municipales son los titulares del Ejecutivo, sin dejar de ser ediles; es decir, es un cuerpo colegiado de pares en el que se presenta el debate y la confrontación de ideas. Al eliminar los espacios de representación minoritaria, la presidencia municipal concentrará todo el poder para administrar recursos públicos sin oposición. La corrupción en la obra pública no se soluciona quitando regidores; se soluciona fortaleciendo su capacidad técnica y garantizando que las minorías tengan acceso a la información pública en tiempo real. La propuesta presentada debilita al cabildo bajo el pretexto del ahorro, que a la larga resultará mucho más costoso para el ciudadano debido al aumento de la opacidad y desvíos.

El municipio es la célula básica de la organización social, el lugar donde la persona se reconoce como ciudadano y participa directamente en la solución de problemas comunes. Lamentablemente, la debilidad proverbial de este ámbito de gobierno nos pone en un gran riesgo frente a la capacidad de control del crimen organizado. El documento que presentó Sheinbaum no tiene una palabra al respecto. Para que una reforma municipal sea verdaderamente útil, necesita plantear alternativas de solución a este problema.

Los gobiernos municipales necesitan fortalecer el servicio civil de carrera en la búsqueda de la profesionalización. También es fundamental diseñar una fiscalización efectiva y alcanzar autonomía financiera real. Es decir, los municipios deben recaudar ingresos propios y disminuir su dependencia de transferencias federales condicionadas, lo que reduciría el clientelismo político respecto a la federación. Sin olvidar fomentar mecanismos de participación ciudadana directa, como el cabildo abierto, las contralorías sociales y el presupuesto participativo, para que los ciudadanos vigilen la ejecución de gasto.

Defender la pluralidad local es defender la democracia misma; garantizar que cada voz minoritaria tenga un asiento en el cabildo permitirá que, hasta el rincón más alejado del país, las y los ciudadanos sean dueños de sus gobiernos y no simples espectadores de una centralización autoritaria.

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