La diputada federal propone establecer una cuota mínima del 5 % de contratación en empresas con más de 50 trabajadores.
La iniciativa busca fortalecer la igualdad sustantiva y eliminar barreras estructurales en el acceso al empleo.
Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM
La diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad equivalente al 5 por ciento de la plantilla laboral en empresas que cuenten con más de 50 trabajadores.
La legisladora subrayó que la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo uno de los principales pendientes estructurales del país en materia de igualdad y justicia social. En ese sentido, señaló que, a pesar de los avances normativos, millones de personas enfrentan obstáculos que limitan su acceso a empleos formales y dignos. “La inclusión laboral de las personas con discapacidad constituye uno de los pendientes estructurales más relevantes del Estado mexicano en materia de igualdad sustantiva y justicia social”, expresó.
La iniciativa plantea adicionar la fracción XVI Bis al artículo 132 de la legislación laboral para establecer como obligación de los empleadores la contratación de personas con discapacidad en una proporción mínima del cinco por ciento, además de incorporar adecuaciones en los centros de trabajo para garantizar su acceso y desarrollo profesional. Al respecto, la diputada afirmó que “no se trata de otorgar privilegios, sino de generar condiciones reales para el ejercicio de un derecho humano fundamental”.
Herrera Villavicencio destacó que esta medida responde al principio de igualdad sustantiva reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho de este sector de la población a trabajar en igualdad de condiciones dentro de un mercado laboral abierto, inclusivo y accesible.
La legisladora advirtió que la brecha laboral persiste debido a barreras físicas, normativas y actitudinales que reproducen esquemas de discriminación. “La ausencia de mecanismos obligatorios y verificables en la Ley Federal del Trabajo ha generado que la inclusión laboral dependa, en gran medida, de la voluntad empresarial”, explicó, por lo que consideró indispensable incorporar herramientas jurídicas que garanticen el cumplimiento efectivo de este derecho.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, lo que representa alrededor del 7.3 por ciento de la población. Sin embargo, su participación en el mercado laboral es considerablemente menor respecto a la población sin discapacidad, y muchas de quienes logran emplearse lo hacen en condiciones de informalidad o con menores ingresos.
Ante este panorama, la diputada sostuvo que la implementación de cuotas de inclusión laboral ha demostrado ser una herramienta eficaz en diversos países para reducir brechas históricas de desigualdad. “La implantación de cuotas laborales no implica un privilegio indebido, sino una herramienta jurídica para materializar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad real”, enfatizó.
Finalmente, señaló que esta reforma permitirá avanzar hacia un mercado laboral más justo e incluyente, al reconocer que la exclusión no se encuentra en la condición individual de las personas, sino en las barreras del entorno. Con ello, dijo, se fortalece un modelo social de discapacidad basado en la dignidad humana, la justicia social y el respeto pleno a los derechos humanos.
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