Organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que advierten retrocesos democráticos, militarización y debilitamiento de derechos en México.

Por: DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisará el informe periódico de México durante su Sesión 145, que se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo de 2026 en Ginebra. En ese contexto, un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana presentó un informe alternativo en el que advierte sobre un “peligroso escenario” para la democracia y el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país, informó Article 19.

El documento señala que las violaciones a derechos humanos en México no son un fenómeno nuevo y han sido documentadas de manera reiterada por distintos mecanismos internacionales. Entre ellos se encuentran el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

No obstante, el informe subraya que, en años recientes, particularmente en 2024 y 2025, se aprobaron reformas legales y constitucionales que han debilitado la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder.

De acuerdo con las organizaciones, estos cambios se dieron en un contexto de sobrerrepresentación política de la coalición gobernante en el Congreso, lo que redujo los incentivos para el debate público y la deliberación democrática. El alcance de dichas reformas, advierten, ha generado condiciones sistémicas que abren la puerta al abuso de poder y al autoritarismo.

Las preocupaciones ante la ONU

Entre los principales focos de preocupación, el informe destaca la reforma a la Ley de Amparo, la expansión de la vigilancia digital y militarizada, los ataques a la libertad de expresión, el aumento del uso de la prisión preventiva oficiosa, así como los malos tratos y prácticas de tortura en centros penitenciarios.

También documenta el maltrato que enfrentan las personas migrantes durante su tránsito por México y señala un deterioro de los pesos y contrapesos democráticos derivado de la reforma al Poder Judicial, los retrocesos en materia de transparencia y las restricciones fiscales y operativas impuestas a las organizaciones civiles.

El texto pone especial énfasis en la falta de rendición de cuentas asociada a la profundización de la militarización de la seguridad pública y en la persistente impunidad, ejemplificada por la desaparición generalizada de personas. A juicio de las organizaciones, la ausencia de controles efectivos y de responsabilidades claras ha permitido la expansión de la corrupción, la violencia y el crimen organizado, que en amplias regiones del país ha desplazado al Estado de derecho.

En ese contexto, el informe advierte que la combinación de debilitamiento institucional, impunidad y concentración de poder representa una amenaza directa a la soberanía popular y a la democracia. Además, alerta que estos cambios sistémicos podrían consolidarse en un régimen autoritario si prosperan nuevas reformas, como la electoral, actualmente en discusión, que podrían afectar la representación política plural y efectiva.

Piden a México revertir retrocesos

Ante este panorama, las organizaciones instaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU a solicitar al Estado mexicano la adopción de medidas concretas, verificables y con plazos definidos para revertir estos retrocesos. Entre las recomendaciones se encuentran la reversión de la reforma a la Ley de Amparo, el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial y de los órganos de transparencia, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, la regulación estricta de la participación militar en tareas de seguridad pública y el establecimiento de mecanismos independientes de supervisión penitenciaria para prevenir la tortura.

También plantean la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de desaparición forzada, garantizar la protección de datos personales frente a abusos de vigilancia, asegurar la participación activa de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y reformar la política migratoria con un enfoque humanitario y de derechos humanos.

El informe fue elaborado por organizaciones como Article 19, ASILEGAL, CIMAC, Fundación para la Justicia, Intersecta, México Evalúa y Consultora Solidaria, entre otras, con la participación de la académica Elena Azaola, y contó con la adhesión de decenas de colectivos, centros de derechos humanos y personas expertas. El documento fue coordinado y editado por Consultora Solidaria y ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos como insumo para la evaluación del Estado mexicano.