• Comisiones del Congreso local aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez, que fortalece la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, amplía las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconoce a las Mesas de Paz como instancias operativas y promueve la profesionalización de los cuerpos policiales, así como la participación comunitaria en este ámbito.
• Congresistas destacaron que la reforma privilegia la coordinación interinstitucional en seguridad y se fortalecen las facultades de la secretaría del ramo y solicitaron garantías de profesionalización de personal policiaco, así como para impedir la colusión de mandos municipales con la delincuencia.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Comisiones del Congreso mexiquense aprobaron actualizar la coordinación interinstitucional en seguridad pública, ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa, e impulsar la profesionalización de cuerpos policiales y la participación comunitaria en la materia, conforme a la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. 

Al presidir la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) expuso que la reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad, ambas del estado, representa una nueva etapa en la que se privilegia la coordinación interinstitucional para combatir la inseguridad; y que define adecuadamente los principios rectores de seguridad y a quién corresponde investigar, vigilar y auxiliar en la tarea de enfrentar la inseguridad.

Al respecto, el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) resaltó que se amplían las facultades de la Secretaría de Seguridad y se fortalece el modelo de coordinación con mando único entre las instituciones relacionadas. 

Ante personas servidoras públicas de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal, la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) preguntó cómo se garantizará que el personal policiaco adquiera la capacitación adecuada para la investigación de delitos, mientras que la congresista Ruth Salinas Reyes (MC) cuestionó que el intercambio de información entre corporaciones y dependencias de seguridad facilitará mayor colusión de autoridades municipales con la delincuencia, y consultó sobre cómo se evitará que en las prisiones los presos accedan a telefonía celular para practicar extorsiones. 

Óscar Fidel González Mendívil y Oscar Mora Arroyo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y subdirector de Legislación, Consulta y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense, respectivamente, así como Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial «Gaceta del Gobierno», expusieron los beneficios de la reforma.

Detallaron que la capacitación y evaluación de los mandos de seguridad municipal, así como el cumplimiento de los requisitos para su ingreso, impedirán su colusión con el crimen, además que su capacitación corresponde a la Universidad Mexiquense de Seguridad, la que opera un programa rector de profesionalización con base en los criterios dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Resaltaron que se amplían las facultades de esta dependencia en materia de reinserción social, y que se precisan las atribuciones y acciones necesarias para garantizar una coordinación eficaz entre las instituciones estatales y federales.

Cabe señalar que, conforme al dictamen aprobado por mayoría de votos y leído por la diputada Paola Jiménez Hernández (morena), la reforma tiene como objetivos fortalecer la coordinación de la entidad con la Federación y la Guardia Nacional; modernizar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad en materia de investigación e inteligencia; consolidar las Mesas de Paz como instancias operativas; profesionalizar y dignificar a los cuerpos policiales; homologar el régimen disciplinario; y promover la participación comunitaria.

Asimismo, busca establecer un modelo de seguridad centrado en la persona, más eficaz, transparente y alineado con los estándares constitucionales y los derechos humanos.