•La iniciativa garantiza que las personas con discapacidad tengan acceso pleno, sin discriminación y con información clara a servicios turísticos, de transporte y consumo.
•Obligará a proveedores a ofrecer accesibilidad, asistencia personalizada y compensaciones de al menos 30% cuando incumplan estas garantías.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La diputada federal Kenia Gisell Muñiz Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa ante la comisión permanente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de garantizar el acceso pleno, digno y sin discriminación de las personas con discapacidad a bienes y servicios, particularmente en el sector turístico.

La propuesta responde a una realidad que afecta a millones de personas en México. De acuerdo con datos oficiales, más de 21 millones de mexicanas y mexicanos viven con alguna discapacidad y enfrentan barreras constantes para ejercer sus derechos como consumidores, desde la falta de infraestructura accesible hasta prácticas de exclusión directa en hoteles, transporte, museos, aeropuertos y centros recreativos.

Al presentar la iniciativa, la legisladora subrayó que se trata de una deuda histórica del Estado mexicano: “Hoy alzamos la voz por 21 millones de mexicanos con discapacidad. Por quienes han sido excluidos de playas, hoteles, aeropuertos y museos. Por quienes han escuchado un ‘no podemos atenderlo’ sólo porque usan silla de ruedas, un bastón blanco o un implante coclear”.

La reforma plantea un cambio estructural en la política de protección al consumidor, al incorporar de manera expresa a las personas con discapacidad como un grupo que debe ser protegido de forma prioritaria por el Estado. Para ello, se faculta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a emitir normas, lineamientos y medidas que aseguren accesibilidad, información clara, asistencia personalizada y protocolos de atención inclusiva en todos los servicios.

Uno de los principales beneficios de la iniciativa es que transforma la accesibilidad en una obligación legal y verificable para los proveedores de bienes y servicios. En particular, en el ámbito turístico, la publicidad deberá informar de manera clara sobre las condiciones reales de accesibilidad, las certificaciones y la asistencia disponible. La omisión de estos datos se considerará publicidad engañosa.

En este sentido, la iniciativa establece que la información sobre accesibilidad no será un favor ni un dato opcional, sino un derecho del consumidor. Como señala el proyecto, se busca que las personas con discapacidad cuenten con “información comparable y verificable, que prevenga la publicidad engañosa y les permita tomar decisiones libres e informadas”.

Asimismo, se fortalece de manera explícita la prohibición de la discriminación. A partir de la reforma al artículo 58, los proveedores no podrán negar servicios, cobrar tarifas adicionales ni imponer condiciones diferenciadas por motivo de discapacidad. En el caso de servicios turísticos —como transporte, hospedaje, recreación y esparcimiento—, se establece la obligación de realizar ajustes razonables conforme a normas oficiales.

La diputada explicó que esta reforma permite pasar del discurso a la acción: “Al reforzar la prohibición de la discriminación y establecer ajustes razonables obligatorios, la accesibilidad deja de ser una concesión y se convierte en un derecho exigible”.

Otro eje central de la iniciativa es la incorporación de obligaciones concretas para aerolíneas, líneas de autobuses, hoteles y prestadores de servicios turísticos. Estos deberán ofrecer asistencia personalizada gratuita, transportar sin costo dispositivos de movilidad y equipos médicos, y capacitar obligatoriamente a su personal en trato digno e inclusivo.

Por primera vez, además, la ley exigirá que los contratos de adhesión de servicios turísticos incluyan cláusulas específicas sobre accesibilidad, mecanismos para solicitar ajustes razonables y sanciones económicas en caso de incumplimiento. La iniciativa establece una bonificación mínima del 30 por ciento del precio pagado cuando una persona con discapacidad resulte afectada, reconociendo que la inaccesibilidad genera un daño mayor al simple perjuicio económico.

La propuesta cuenta además con respaldo técnico y social. Fue consultada directamente con personas con discapacidad en una Consulta Previa Nacional en materia de Turismo Accesible, en la que participaron 116 personas, colectivos, organizaciones civiles y especialistas de distintas entidades del país. También fue analizada por la Secretaría de Turismo, que concluyó que es compatible con el marco normativo vigente, y por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que determinó que no tendrá impacto presupuestario.

Con esta iniciativa se avanza hacia la consolidación de un modelo de consumo y de turismo verdaderamente inclusivo, alineado con la Constitución y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como lo resume la propia diputada Muñiz Cabrera, se trata de “colocar en el centro de la política turística y de consumo el principio de accesibilidad universal, para que nadie vuelva a ser excluido por su condición de discapacidad”.