*Esta iniciativa armoniza nuestra legislación con prácticas internacionales, mejora la transparencia y fortalece la confianza en el sistema financiero, subrayó.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

El diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de prohibir que las instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo cobren a los usuarios por la impresión física de estados de cuenta.

La propuesta explica que el estado de cuenta es un documento indispensable en la relación contractual entre cliente e institución financiera. Éste, constituye un medio de prueba por excelencia de los movimientos registrados, saldos, intereses cobrados, comisiones cargadas, disponibilidad de recursos y cumplimiento de obligaciones contractuales. Por tanto, su acceso debe considerarse un derecho inherente al contrato bancario, no un servicio adicional sujeto a cobro.

Agregó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha documentado que las comisiones bancarias relacionadas con “servicios administrativos no financieros”, donde se incluyen impresiones, reimpresiones y aclaraciones, ocupan consistentemente los primeros lugares en reclamaciones (Condusef, Informe Anual 2023).

Por tanto, este cobro, a pesar de ser aparentemente mínimo —generalmente entre 12 y 25 pesos por impresión—, se ha convertido en una práctica extendida que representa un ingreso adicional para los bancos, pero un gasto injustificado para los usuarios, especialmente para aquellos que dependen de estos documentos para comprobar ingresos, solicitar trámites oficiales o ejercer derechos financieros.

El legislador federal explicó que el Artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito establece la obligación de las instituciones financieras de proporcionar información clara, completa, veraz y accesible a los usuarios. Esta obligación legal es reflejo del mandato constitucional contenido en el Artículo 28, que tutela la protección de los consumidores y faculta al Estado para intervenir en sectores donde exista concentración de poder económico que pueda dar lugar a prácticas abusivas.

Refirió que diversos estudios técnicos han demostrado que el costo real de imprimir un estado de cuenta —papel, tinta y energía— es inferior a un peso por hoja, y que las sucursales bancarias ya contemplan dichos costos dentro de sus gastos administrativos y de operación. Por lo que “el cobro adicional que imponen a los usuarios se convierte, en consecuencia, en una “doble comisión”: primero el cliente paga por la apertura y manejo de la cuenta, y después debe pagar por conocer la información esencial de esa misma cuenta”, indicó.

También destacó que este problema afecta de manera particular a sectores vulnerables. En ese sentido, señaló que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (INEGI, ENIF 2022) advirtió que el 40 por ciento de los usuarios bancarizados son personas adultas mayores, y que el 35 por ciento de la población no cuenta con acceso constante a internet o dispositivos inteligentes. “Para estas personas, la obtención de un estado de cuenta impreso no es una comodidad ni una preferencia personal: es una necesidad”, mencionó.

En el contexto internacional, indicó que este tipo de cobros han sido restringidos o prohibidos en diferentes jurisdicciones. Señaló que, en la Unión Europea, la Directiva 2014/92/UE sobre cuentas de pago establece que las instituciones financieras deben proporcionar información contractual, incluida la referente a movimientos y operaciones, de manera gratuita y accesible, garantizando que los clientes no enfrenten cobros por información esencial.

Por tanto, la reforma al artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, señala que las instituciones de crédito no podrán efectuar cobro alguno por la emisión o impresión de estados de cuenta solicitados por sus clientes, sin importar el número de veces que éstos sean requeridos. La entrega de dichos documentos deberá realizarse de manera gratuita, clara y accesible, ya sea en sucursal o a través de medios electrónicos.

“Esta iniciativa armoniza nuestra legislación con prácticas internacionales, representa un beneficio directo e inmediato para millones de usuarios, mejora la transparencia, reduce la conflictividad entre clientes e instituciones, y fortalece la confianza en el sistema financiero”, apuntó.