•El gobierno federal y el estatal no han implementado un plan integral de atención ni un registro oficial de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa.

•Presenta iniciativa para reconocer legalmente a las víctimas de desplazamiento forzado y garantizarles protección inmediata.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Más de tres mil familias han sido desplazadas de sus hogares en Sinaloa como consecuencia directa de la violencia criminal que azota al estado, denunció la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional. Advirtió que el gobierno de Morena y la administración estatal han fallado en la protección de la población.

La legisladora señaló que familias completas enfrentan la huida ante amenazas, ataques armados y control territorial del crimen organizado. Esta situación ha provocado la pérdida de viviendas, patrimonio y condiciones mínimas de seguridad. Afirmó que el desplazamiento forzado constituye una tragedia cotidiana ante la omisión de las autoridades.

Ante este escenario, informó la presentación de una iniciativa para reconocer de manera legal a las víctimas del desplazamiento forzado, ya sea por violencia, fenómenos naturales o conflictos sociales. El propósito consiste en garantizar acceso a vivienda, seguridad y servicios esenciales.

La propuesta también fija la obligación de las autoridades de proporcionar alojamiento y alimentación en condiciones de dignidad y seguridad desde el primer momento en que una persona enfrenta la salida forzada de su hogar. “El desplazamiento forzado no es normal. Son familias destrozadas, vidas en riesgo y sueños truncados. No podemos permitir que la indiferencia sea la respuesta de quienes tienen la responsabilidad de proteger”.

Sánchez Ramos criticó que, frente a esta emergencia humanitaria, el gobierno federal y el gobernador Rubén Rocha reiteren que “están trabajando”, mientras las personas desplazadas permanecen sin protección, sin atención efectiva y sin condiciones para el retorno a sus comunidades.

Finalizó con la advertencia sobre la ausencia de acciones concretas, situación que mantiene a miles de sinaloenses en el abandono institucional, sin acceso a vivienda, seguridad ni servicios básicos, pese a su extrema vulnerabilidad.