• Establece límites claros para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas.
• Atiende los criterios fijados por la Suprema Corte tras invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud.

Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 10 de la Ley General de Salud, con el objetivo de regular de manera clara la objeción de conciencia del personal sanitario y evitar que su ejercicio derive en la negación de servicios de salud a la población.

Recordó que en 2018 el Congreso incorporó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó dicho precepto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, tras considerar que su redacción resultaba deficiente y carecía de límites y salvaguardas. Esta situación puso en riesgo el acceso efectivo a los servicios de salud.

La priista precisó que la nueva redacción atiende de manera puntual los criterios establecidos por la Corte y fija límites expresos para impedir la procedencia de la objeción de conciencia en casos de urgencia médica, riesgo para la vida, la integridad o la salud del paciente, así como en supuestos de ejercicio colectivo o institucional.

La iniciativa también establece la obligación de garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería no objetor, además de la remisión inmediata del paciente para recibir atención oportuna. Asimismo, prevé la creación de mecanismos administrativos y de un registro confidencial de objetores, sin afectación a los derechos laborales del personal sanitario.

La legisladora explicó que la objeción de conciencia constituye un derecho reconocido a nivel constitucional e internacional, vinculado con la libertad de pensamiento, conciencia y religión. No obstante, subrayó que su ejercicio no puede vulnerar el derecho humano a la protección de la salud, en especial en situaciones de urgencia médica o riesgo para la vida del paciente.

Finalmente, la senadora afirmó que la propuesta busca un equilibrio entre la libertad de conciencia del personal de salud y el derecho de las personas a recibir atención médica, con énfasis en la protección de mujeres, personas gestantes y grupos en situación de vulnerabilidad. “La objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud; el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos”, concluyó.