Ley de Aguas o el divorcio de la 4T con el campo.

Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.

El gobierno mantuvo hasta el final el pulso con las organizaciones agrarias para sacar la Ley de Aguas, que ninguna presidencia se atrevió a tocar en los últimos 25 años como tabú, paradójicamente, de un país con altísimo estrés hídrico. Aunque políticamente dejó el latido de la conflictividad intermitente con un sector inconforme y cada vez más apartado de la 4T, a la que apoyo mayoritariamente para llegar al poder.

Los representantes agrícolas tienen un discurso cada vez más hostil a la 4T y amenazan con seguir con bloqueos por la crisis rural, incluso afectar el Mundial de Futbol. El descontento palpita en el campo por los estragos arancelarios de Trump, precios de garantía de las cosechas y ahora el nuevo modelo hídrico. Pero el articulador de sus protestas, apoyadas por transportistas, fue acusar falta de escucha y verticalismo luego de meses de consultas para acordar las reformas, que luego el gobierno redactó en soliloquio. La decisión gubernamental de presentar una ley sin consensos marca ese distanciamiento con el campo, aunque reordenar el caos del añejo sistema de concesiones de agua sea cuestión obligada ante riesgos mucho más explosivos, como el desabasto e inseguridad alimentaria. Sheinbaum no podía recular frente a una crisis de la que casi nadie habla, pero arrasa con el futuro: México es el segundo país con mayor estrés hídrico en AL y, al menos, cinco de sus regiones más productivas consumen más agua de la que el ciclo produce, mientras la privatización de facto alberga su acaparamiento y mercados negros.

Las reformas con que se deja de ver el agua como mercancía y hacer el acceso un derecho humano son consistentes con la responsabilidad de Sheinbaum de garantizar su abasto y cerrar el paso a negocios ilícitos; no obstante, los costos políticos obvios por afectar privilegios en un sistema que opera con más de 500 mil concesiones opacas, y muchas de ellas en manos de un puñado de políticos. Pero eso no justifica negarse a la escucha social en proyectos legales impositivos y solitarios o, como se dice, con el sello de la casa; menos escatimar oídos a los campesinos y, en cambio, atender planteamientos de empresarios, por ejemplo, para legislar la jornada laboral de 40 horas. A pesar de la validez de sus diagnósticos y motivaciones, el gobierno se ha impuesto con pruebas de fuerza sobre un sector agraviado que entiende indisoluble el binomio tierra-agua y considera sus concesiones no como privilegios, sino derechos adquiridos por generaciones, y del que depende el valor del terreno. El detonante de la inconformidad fue precisamente la prohibición de heredarlas en la propuesta original de Sheinbaum, y que luego el Congreso ajustó en mesas de trabajo con productores agrícolas.

Las protestas y bloqueos sin precedentes en este sector lograron sentar a los líderes de Morena en el Congreso para negociar el proyecto luego de que la temperatura social alcanzara su máximo nivel del sexenio. Los casi 90 cambios a la iniciativa evidencian diálogo con contrapartes, lo que cada vez es menos común en el ejercicio del poder mayoritario del oficialismo con críticos y contrarios a sus ideas; una actitud que comienza a extender el desencanto de sectores que han apoyado su proyecto, junto con colectivos olvidados, como las víctimas de la violencia y desapariciones.

Los consensos en temas tan enredados de historias de privilegios e irregularidades como el agua no son fáciles, como también demuestra la situación del Congreso entre la presión social y la exigencia de la Presidencia de no ceder en las concesiones del corazón de la nueva ley. Pero su suavización permitió desactivar los puntos más álgidos con reglas más claras y mejores controles de la Conagua, aunque a golpe de mayor centralización de su poder sobre la regulación de los derechos de agua que rechazaban las organizaciones.

El procesamiento de la ley es un ejemplo de que, cuando una parte se siente superior en una causa, puede caer en la misma lógica que pretendía combatir de imposición, cancelación o simplificación de las razones sociales que, de fondo, causaron la inconformidad. Ya se verá si los cambios fueron suficientes para devolver calma al campo o si la aprobación fast track de la ley agitará nuevamente el pulso de la protesta; pero, en cualquier caso, la negociación abre ruta para reducir la conflictividad social que, de lo contrario, volverá a prenderse ante la baja capacidad de escucha oficial.