El extraño caso del doctor Gertz.

Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.

Del extraño caso del doctor Gertz, el misterio no está tanto en su partida anticipada, sino en permanecer siete estériles y oscuros años para la justicia al frente de FGR. La respuesta a la anomalía puede servir para despejar especulaciones sobre los motivos de su retiro sin renuncia, y también de las razones de la realpolitik para despedirlo. Una dimisión envuelta en intriga y secreto, tampoco ajena al sello de escándalo y fracaso de su larga trayectoria pública; aunque ahora precedida del rumor sobre presiones del gobierno para dejar el cargo. Muchas veces cantaron su adiós, pero sus apoyos lo guarecían desde que López Obrador lo puso en 2019. Y ahora, en una maniobra política inexplicada, Morena avaló su partida casi de “puntillas”, como no queriendo ser visto y sin justificar una causa grave como pide la ley, sino en una negociación con la Presidencia para ocupar una embajada “amiga”…¡Glupp!

La primera fiscalía nacional autónoma fue un ejemplo de independencia, pero de la justicia. Y, sobre todo, de falta de voluntad política para revertir el mal de la impunidad del delito que enerva al país; de la persistencia de corrupción e ineficacia para sancionar más de 95% que se cometen, a pesar de la reforma constitucional que lo llevó al cargo para reestructurar a fondo la fiscalía. Donde apenas se metió.

La FGR fue una incógnita para la política de seguridad del gobierno, que lo heredó de su antecesor. Su relación fue un misterio por su aislamiento de planes e información con el gobierno; en las antípodas de la estrecha colaboración y coordinación que exige la Presidenta. Su atalaya de la justicia sirvió como arma política para venganzas personales y hasta tribunal familiar. Lo más grave es que malgastó la oportunidad de transformar la fiscalía e incluso la debilitó con investigaciones que nunca llegaban a nada en casos como las mafias del huachicol en Tabasco, la corrupción de Emilio Lozoya en Odebrecht o la investigación de Ayotzinapa. El uso político del criterio de oportunidad contra acusados que más bien parecía proteger o captar informantes personales, como Raúl Rocha Cantú. En resumen, la incapacidad de armar carpetas de investigación embarrancadas por errores o maniobras para ensuciarlos, como el campo de desaparecidos de Izaguirre.

Sobre todo, porque la nulidad de la procuración abrió la puerta al descrédito de la autonomía y abonó a la pretensión de la 4T de revertirla, en la ley o en los hechos, con su lógica de centralización política en el Ejecutivo para funcionar mejor. El gobierno ha deslizado la idea de que un mal funcionamiento de las fiscalías mata cualquier estrategia de seguridad; de que la única forma de reducir el delito es sancionar al crimen; aunque la ineficacia de la justicia se explique también, por lo contrario, nunca haber ejercido su autonomía. Con el terreno reblandecido, en el mismo acto entró al relevo Ernestina Godoy, incondicional de la Presidencia, consejera jurídica y exfiscal en CDMX. La caída del fiscal remueve la única pieza que no era de la Presidenta en el corazón de su estrategia de seguridad; aunque otros hayan visto la mano de Adán Augusto para sacudirse amenazas por la investigación del cártel que formó su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, desde las oficinas del estado. Quizá sean convergencias coyunturales. Pero lo cierto es que la autonomía nunca sacó a las fiscalías del caldero de la política y de la intervención de gobiernos en la cocina de la justicia. La Presidenta ha dado pistas de sus frustraciones con las fiscalías como el eslabón más débil de la seguridad. En su diagnóstico, la eficacia de la justicia pasa por mayor coordinación entre éstas y seguridad, que estuvo suelta por el talante patrimonialista y hasta egoísta que se atribuye a la gestión de la FGR.