Defensa de las Comunidades Indígenas Ante los Megaproyectos.

Por: LUCIO RAMÍREZ MEDINA.

México ha atestiguado cómo las personas indígenas se han convertido en defensoras de tierra y territorio ante la necesidad de salvaguardar sus tierras ancestrales de los megaproyectos de desarrollo y extractivista que son impuestos por el Estado y el sector privado, reconoce Nayelli Torres es investigadora del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología para ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica.

Dicen que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y nada ejemplifica esto mejor que el cumplimiento de los derechos indígenas. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión de México declararon el año 2025 como el año de la mujer indígena, con el objetivo de establecer “un programa de actividades para conmemorar y honrar la obra de la Mujer Indígena en favor de la patria”. También enaltecieron la reciente reforma constitucional de 2024 sobre pueblos indígenas y afromexicanos, en materia de su reconocimiento como sujetos colectivos de derecho. No obstante, el reconocimiento constitucional no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas. 

En mayo del 2024 el gobernador de Chiapas anunció la reactivación de la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, un proyecto denominado “La Ruta de la Cultura Maya” que lleva más de 10 años en pausa y pretende ser una carretera tipo A de 153 km que conectará ambas ciudades turísticas y enlazará los Altos de Chiapas con el Tren Maya. El gobernador ha señalado que no habrá concesionarios extranjeros para la autopista y que las comunidades indígenas serán socios. El primer tramo de la Ruta de la Cultura Maya, que inició obra el mes de junio, atraviesa varias tierras comunales de pueblos indígenas en el norte de Chiapas, en donde el gobernador señaló que hubo aprobación contundente a través de consultas indígenas. No obstante, organizaciones indígenas no están de acuerdo con esta afirmación: “Los gobernantes afirman que nos beneficiará, pero los pueblos sabemos que ni siquiera usaremos esa mega-carretera, solo beneficiará a los ricos”, señala una integrante de MODEVITE.  Han declarado que no recibieron información oportuna ni adecuada sobre los planes de construcción. Consideran que las declaraciones del gobierno estatal son opacas y niegan los impactos negativos que el proyecto tendrá sobre sus comunidades. Tampoco contaron con un proceso de consulta indígena adecuada e imparcial. Organizaciones de la sociedad civil también han señalado que la autopista representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas locales, lo cual a su vez puede causar despojo, aumento de conflictividad y vulnerabilidad social.

Cabe mencionar que tanto la constitución mexicana como la normativa internacional reconocen a los pueblos originarios como titulares de derechos, y por ende, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos, como el derecho a la información, la autodeterminación y la autonomía. De acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Así mismo, el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en 2021, estipula en su artículo 5 que las autoridades deben garantizar acceso “… a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”. También deben facilitar que los grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con las condiciones adecuadas para acceder a la información, como por ejemplo, traductores.

*Licenciado y Maestro en Periodismo         

lurame_3@hotmail.com                  @luciorm