Riesgos de centralizar lucha anticrimen.

Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.

La estrategia de seguridad del gobierno tiene una dura prueba en la cruzada contra la extorsión porque el crimen está incrustado en la epidermis social y se extiende como un Estado paralelo. La oposición, casi por unanimidad, apoya el plan contra el delito y reconoce resultados, a pesar de que la percepción de la inseguridad, en sentido contrario, retoma tendencia al alza.

La seguridad es el tema que más preocupa a la ciudadanía, pero también el más difuso a la hora de identificar responsables entre niveles de gobierno. La centralización de la estrategia en el federal hace de la rendición de cuentas algo que se percibe más lejano e impreciso que en el contacto con las autoridades locales. A pesar del giro en el combate al crimen respecto a los “abrazos y no balazos” de López Obrador, la sensación de inseguridad persiste en las calles inundadas de miles de delitos.

 El reguero de cifras oficiales sobre bajas en los de alto impacto parece difícil de cuestionar, aunque se discutan datos y metodologías. Los resultados, sobre todo, sirven para validar el cambio de señales contra el crimen, además de las exigencias de EU sobre la política interna en su “guerra contra los cárteles”. Aunque la percepción de inseguridad, según el Inegi, registró un deterioro estadísticamente significativo este primer año de Sheinbaum, al saltar en el tercer trimestre hasta 63%, desde 58% del mismo periodo de 2024.

Sin embargo, la caída no mella la popularidad de Sheinbaum y Harfuch, que conservan la imagen de supermancuerna potente contra el crimen, y no obstante reconocer que los datos que presumen están lejos de proyectar luz al final del túnel de los delitos que más afectan cotidianamente en comunidades y localidades. Ese contraste podría explicar, en parte, las opiniones negativas, que no ven la violencia tocar fondo en los riesgos de la vida diaria en plazas bajo asedio del crimen en la prolongada guerra en Sinaloa o la macrocriminalidad en Michoacán o Guanajuato.

Pero, en cualquier caso, el contraste entre los datos oficiales y la sensación de que la seguridad no mejora refleja un doble clima de opinión pública. Por un lado, la reducción de homicidios (32%), detenciones (35,000) y de alijos de droga (284 toneladas) hablan de avances medibles y, por otro, la carrera imparable de las nuevas modalidades de la macrocriminalidad en delitos de proximidad a los que la gente se siente expuesta a diario en lo local, como la extorsión o el cobro de piso, que ponen en duda la eficacia de la estrategia. Prueba de ello es su crecimiento imparable de 58% los últimos seis años frente a autoridades estatales y locales impotentes para detenerlo.

Por esa razón, el plan contra la violencia de Sheinbaum tiene su mayor examen en delitos como ése, que no ha podido disminuir porque, lograrlo, requiere detener a los que delinquen y la confianza del denunciante, algo que, en mayor medida, depende de fiscalías y policías locales. Ése es el punto más débil de una estrategia que centraliza la acción anticrimen en el gobierno federal. 

En respuesta, el Congreso ha dado el primer paso para aprobar una nueva ley contra la extorsión que se alinee a la cruzada anticrimen de Sheinbaum. Su combate ahora incluirá autorizaciones drásticas como investigarlo por oficio, sin requerir plena identificación del denunciante, y la creación de un número, 089, para delatarlo, así como su homologación en las 32 entidades y endurecimiento de penas; aunque en menor medida para autoridades involucradas, por acción u omisión, en el delito, como caracteriza a las redes de macrocriminalidad.

 ¿Es viable este esfuerzo con fiscalías y policías estatales y municipales abandonadas por la centralización de la estrategia anticrimen? ¿Es conveniente personalizarla más que en la consolidación institucional de las policías de los tres niveles?

El gran riesgo es que las autoridades locales sean superadas por una ola de denuncias sin capacidades para investigar, analizar le evidencia con claridad y objetividad y, en su caso, sancionar el delito. Todo un interrogante para el futuro de la estrategia anticrimen.