El Comité de Inversiones.

Por: ARTURO HUICOCHEA.

Parece buena idea, pero el Consejo Promotor de Inversiones instalado ayer no va a servir de mucho porque en dos años, el Gobierno del Estado no ha diseñado una política pública basada en evidencias y enfocada resultados para impulsar el desarrollo económico.
En 2007, el Estado de México marcó un hito nacional en materia de desarrollo económico. La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno el 30 de marzo de ese año, no solo armonizó su lenguaje con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), sino que estableció un modelo de gobernanza que distinguía con precisión las competencias exclusivas del Ejecutivo estatal de las que debían
recaer en los ayuntamientos.
El andamiaje jurídico contemplaba instrumentos hoy ausentes o debilitados: el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria con su Consejo de Coordinación, el Registro Estatal de Trámites y Servicios, la Manifestación de Impacto Regulatorio obligatoria para cada nueva disposición administrativa, y la Ventanilla Única Empresarial. Esta última, respaldada por el uso de firma electrónica avanzada, permitía —en un solo expediente digital— obtener licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil y avisos sanitarios, reduciendo de meses a pocos días el inicio formal de operaciones.
La Ley imponía además una obligación de homologación progresiva a los 125 municipios: revisar, simplificar y digitalizar sus reglamentos de giros comerciales, industriales y de servicios, mientras el estado proveía plataformas tecnológicas y capacitación. El principio rector era la “confianza en la gestión municipal”, premisa que fortalecía el municipalismo y evitaba la duplicidad.
Hoy el panorama es diametralmente opuesto. Las reformas dispersas de la última década —en particular la absorción de varias disposiciones en la Ley de Fomento y Competitividad Económica y en la Ley de Mejora Regulatoria nacional de 2018— diluyeron las obligaciones específicas del gobierno mexiquense. La ventanilla única quedó fragmentada en portales municipales inconexos; la Manifestación de Impacto Regulatorio se aplicable a discreción ; y el Registro Estatal de Trámites dejó de ser un padrón vinculante para las dependencias, hasta prácticamente desaparecer.
El resultado es medible: según el Índice de Competitividad Estatal 2024 del IMCO, la entidad retrocedió del grupo de “alto desempeño” al de “competitividad media baja” en el indicador de entorno para hacer negocios. Abrir una empresa formal puede tomar semanas, cuando no
meses y requerir trámites presenciales en distintas dependencias, cuando en 2007 bastaba un expediente electrónico.
La solución está a la vista: Restaurar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria con facultades sancionadoras, volver obligatorio el uso de firma electrónica avanzada para todo trámite estatal y municipal, y reactivar la Manifestación de Impacto Regulatorio ex ante, de modo que ningún nuevo requisito entre en vigor sin justificar su costo-beneficio. Igualmente, retomar la homologación municipal obligatoria, acompañada de una plataforma interoperable que actúe como ventanilla única real, permitiría recuperar la agilidad que hizo del Estado de México un referente. El retroceso no es inevitable. Pero mientras el marco jurídico permanezca disperso y las competencias sigan difusas, el Estado de México continuará perdiendo inversiones y empleo frente a entidades que, paradójicamente, tomaron como modelo aquella ley mexiquense de 2007 que alguna vez convirtió al estado en sinónimo de competitividad.

@ArturoHuicochea