Por: ARTURO HUICOCHEA.

Cientos de vidas: maestros, médicos, policías, trabajadoras de base, jubilados y jubiladas que construyeron con su trabajo el presente de esta entidad, dependen de un sistema que se encuentra al borde del colapso. La crisis del ISSEMYM ya no es una amenaza: es una realidad.

En 2017, una reforma aprobada por la Legislatura mexiquense intentó corregir el rumbo. Era una solución basada en diagnósticos técnicos, en principios de responsabilidad intergeneracional y en una visión de largo plazo. Era benéfica para todos.

Pero entonces llegó la nueva mayoría legislativa. Con Morena a la cabeza, la Legislatura mexiquense derogó la reforma sin ofrecer un plan alternativo. Alegaron que era lesiva para los derechos laborales, aunque la mayoría de sus disposiciones aplicaban solo a quienes ingresaran en el futuro. Fue una decisión política con cálculo electoral: ganar simpatía momentánea a cambio de hipotecar el futuro del sistema.

Ahora el ISSEMYM enfrenta un triple desafío:

1. Un creciente déficit actuarial, porque cada año hay más beneficiarios y menos cotizantes.
2. Aportaciones insuficientes, porque los entes públicos, especialmente los ayuntamientos, mantienen a su personal fuera del régimen o incumplen con sus cuotas.
3. Servicios de salud debilitados, sin autonomía para garantizar atención y medicamentos.

Si el gobierno del estado sigue pasmado, el sistema colapsará en el siguiente sexenio. No habrá dinero para pagar pensiones de las 375 mil personas que ya dependen de ello, más las que se acumulen, ni prestar el servicio médico.

Lo más preocupante es que el gobierno del Estado de México no ha mostrado una estrategia clara para abordar este problema. Ni un diagnóstico actualizado, ni un plan público, ni una narrativa que alerte a la ciudadanía sobre la urgencia. El silencio oficial es, en este caso, una forma de irresponsabilidad.

Es urgente impulsar nuevamente una reforma estructural para sanear y fortalecer lo que significa:

• Aumento gradual en la edad de jubilación, de forma escalonada y sin afectar derechos adquiridos.

• Incremento proporcional de aportaciones de trabajadores y entes públicos.
• Inclusión obligatoria de los ayuntamientos, cerrando el paso al subregistro y la evasión.
• Creación de un fondo solidario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
• Reglas para los trabajadores de nuevo ingreso, con un régimen más acorde a la realidad financiera.
• Gobernanza abierta del Instituto, con mayor transparencia, auditoría y participación ciudadana.

Una solución gradual, socialmente responsable; que no gravite en jubilados y trabajadores en activo; en resumen, que sea benéfica para todas las personas.

Este tema debe ocupar el centro de nuestra vida pública. E iniciar una operación política de alto nivel: con los sindicatos, con los partidos, con la sociedad civil. Construir el consenso, porque cada día el problema se agrava. Los recursos se agotan, la deuda crece, la confianza se erosiona.

Reformar el ISSEMYM no es un acto de poder. Es un acto de justicia.

@ArturoHuicochea