Por: YODIGOYOPREGUNTO.COM

Durante la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, demandó el respaldo de sus compañeras y compañeros legisladores para reincorporar una disposición clave en el dictamen de su iniciativa que reforma los artículos 44 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La iniciativa presentada por el diputado tiene por objetivo limitar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales para sancionar al autotransporte federal de carga mediante la remisión a depósitos vehiculares, una práctica que —según denuncias documentadas— ha derivado en actos sistemáticos de extorsión, corrupción y abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito locales.

“El espíritu de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial era darle bienestar y certidumbre a la ciudadanía y a los transportistas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los municipios y estados están interpretando esa ley a su antojo, imponiendo sanciones excesivas, con el único fin de recaudar, extorsionar o castigar sin fundamento legal”, expresó el legislador coahuilense.

El diputado Borrego fue enfático en denunciar las prácticas de algunos cuerpos policiacos locales que, con pretextos menores como vidrios polarizados o fisuras en el parabrisas, detienen arbitrariamente a los operadores de carga, exigiendo “moches” que oscilan entre 5 mil y hasta 20 mil pesos, bajo la amenaza de remitir las unidades al corralón. Esto —afirmó— impacta gravemente la economía de los pequeños transportistas y pone en riesgo la continuidad de las cadenas de suministro.

“Una simple infracción administrativa no puede ser pretexto para quitarle el sustento a una familia. No se puede detener una unidad de carga, con mercancía que debe llegar en tiempo y forma, sólo porque a un policía se le ocurrió pedir mordida. Esa corrupción cotidiana destruye el patrimonio de los transportistas y afecta gravemente la productividad nacional”, recalcó.

El legislador recordó que el artículo 44 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial prohíbe expresamente a los gobiernos locales sobre-regular el tránsito del autotransporte federal, disposición que ha sido ignorada o tergiversada. Por ello, su iniciativa propone añadir con claridad que “en ningún caso podrán retirar de circulación vehículos destinados al transporte de carga”, salvo en circunstancias estrictamente delimitadas por la ley.

“En el modelo logístico actual, basado en entregas just-in-time, una detención injustificada por parte de la autoridad municipal significa la pérdida de contratos, penalizaciones económicas y, en muchos casos, el fin de operaciones para microempresas y hombres camión que ya enfrentan condiciones adversas en carretera”, añadió.

El diputado Borrego también cuestionó severamente la postura de dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al considerar que sus opiniones se alejan de la realidad que vive diariamente el sector transporte: “Con todo respeto, les digo que opinar desde el escritorio, sin conocer lo que ocurre en los caminos del país, no es ejercer autoridad con responsabilidad. No han cumplido con los paradores seguros ni con las condiciones mínimas para una movilidad eficiente y digna”.

Finalmente, solicitó a la Comisión de Movilidad que aprobaran las modificaciones al dictamen, con el propósito de restituir la redacción original de su iniciativa, y con ello proteger a un sector estratégico que mueve los alimentos, insumos médicos y mercancías esenciales del país, aún a costa de su propia seguridad y estabilidad económica.

“El transportista merece respeto y respaldo, no hostigamiento ni abusos. Esta reforma no invade competencias, aclara y delimita el ámbito federal, fortalece el principio de libre tránsito y evita que las autoridades locales sigan criminalizando el trabajo honesto”

Argumentos que fueron compartidos por los legisladores de la comisión por lo que votaron a favor de que el dictamen de la comisión retomara el planteamiento original del legislador. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones.