Por: ARTURO HUICOCHEA.

El proceso de elección de la nueva Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue convocado conforme a derecho, con base en el Estatuto Universitario, el reglamento interno y los principios que rigen la vida académica de una institución pública autónoma. Dicha convocatoria no sólo representa un acto administrativo válido y obligatorio, sino también una expresión de la voluntad institucional de garantizar la democracia universitaria, la equidad de género y la renovación ordenada del liderazgo académico.

La interrupción que sufrió este proceso, derivada del paro estudiantil y docente, constituye un hecho público, notorio y de fuerza mayor. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse una causa de nulidad ni de ilegitimidad del procedimiento. Por el contrario, el respeto a ese paro forma parte del diálogo democrático y de la responsabilidad institucional ante la inconformidad y la protesta pacífica. El derecho a la manifestación es constitucional, pero no puede servir como excusa para suplantar procesos democráticos ya iniciados.

Una vez superado el obstáculo temporal, la reanudación del proceso es no sólo posible sino jurídicamente obligatoria. En virtud del principio de autovinculación, la UAEMéx debe continuar y concluir el proceso conforme a las reglas que ella misma emitió. Lo contrario equivaldría a un acto arbitrario que rompería con la legalidad interna y expondría a la institución a litigios, desacato a principios constitucionales y a una crisis de legitimidad sin precedentes.

Cualquier intento de cancelar este proceso para abrir uno nuevo sería una simulación revestida de legalidad, y daría lugar a responsabilidades administrativas para quienes lo impulsen, incluido el rector en funciones. Cambiar las reglas en medio del juego afecta derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica de quienes, confiando en la legalidad institucional, participaron de buena fe en el procedimiento. Más aún, la sustitución del proceso por uno nuevo abriría un precedente peligroso: el de un poder rector que, por encima de los órganos colegiados y del marco normativo, modifica a conveniencia los tiempos, reglas y resultados. Tal actitud contradice los valores fundacionales de la universidad pública y viola el principio de autonomía, al convertir a la rectoría en un órgano personalista y no institucional.

Por todo lo anterior, es deber jurídico, político y ético de las autoridades universitarias reanudar y culminar el proceso sucesorio original. En ello descansa no sólo la continuidad administrativa de la UAEMéx, sino también su integridad como institución que se rige por el derecho y no por la voluntad de una sola persona.

La Universidad debe dar ejemplo de cómo se enfrenta la incertidumbre con legalidad, y de cómo se respeta la voz de su comunidad, incluso en los momentos de mayor tensión. Renunciar a este compromiso sería renunciar al espíritu mismo de la universidad pública.

@ArturoHuicochea