Por: LUCIO RAMÍREZ MEDINA.

¿Los Derechos de Comunidades, Afectados por las Empresas?

En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el gobierno de México debe comprometerse con la promoción de la agenda de empresas y derechos humanos, a fin de posicionar el tema en la Administración Pública Federal y estatal, para lograr un marco robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos, nos advierte Zúe Valenzuela, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER. Explica que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se deberá elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno deberán diseñarse en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030. Precisa que entre los elementos con los que deberá contar el PND están: a) un diagnóstico general de los temas prioritarios; b) los ejes generales que agrupan los temas prioritarios; c) los objetivos específicos; d) las estrategias para ejecutar las acciones; e) los indicadores de desempeño y sus metas. El referido PND indicará programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como una visión de largo plazo para su cumplimiento. De lo anterior, se puede observar que el PND será el antecedente para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que será el instrumento rector en materia de derechos humanos de la Administración Pública Federal, con la finalidad de articular las acciones del Ejecutivo para la atención de las problemáticas más apremiantes en la materia. En el anterior PNDH 2019 a 2024, gracias al impulso de las comunidades afectadas por la actividad empresarial y del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos por primera vez se logró incluir una estratégica prioritaria sobre “impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”. El respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial es fundamental para disminuir la desigualdad y generar actividades económicas congruentes con el respeto a los derechos de las personas, las comunidades y el medio ambiente. Es trascendental que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos en contextos corporativos, para lo cual es necesario contar un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de esos derechos. Esto contribuirá a mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión. Enfatiza que la economía es política y la adopción de un marco regulatorio de la actividad empresarial, que asegure el respeto de los derechos humanos y ambientales, es esencial para cambiar y mejorar el destino del país.

*Licenciado y Maestro en Periodismo

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