Por: ARTURO HUICOCHEA.

La entrega de 29 líderes del narcotráfico y otros delincuentes a Estados Unidos representa una claudicación inaceptable de la soberanía nacional y una admisión de la incapacidad del Estado mexicano para hacer justicia en su propio territorio.

México no puede ser un simple intermediario en la rendición de cuentas de los criminales.

La justicia debería ser para las víctimas mexicanas.

Es importante señalar que lo ocurrido no constituye una extradición en estricto sentido jurídico.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 119, y la Ley de Extradición Internacional establecen un procedimiento claro y garantista que obliga al Estado mexicano a seguir un proceso judicial en el que el imputado tiene derecho a defenderse, a interponer recursos y a ser juzgado en México antes de cualquier entrega a otro país.

En este caso, el Gobierno Federal eludió estos procedimientos legales y optó por una «expulsión» o «deportación encubierta», una maniobra que viola los principios del debido proceso y los derechos fundamentales de los implicados.

Al actuar de esta manera, la administración federal ignoró los tratados internacionales y la normatividad interna, evadiendo la supervisión del Poder Judicial y vulnerando la soberanía nacional.

Esta acción también afecta los derechos de las víctimas en México, ya que al entregar a los delincuentes sin ser juzgados en nuestro país, se impide que rindan cuentas ante la justicia mexicana y que se reparen los daños causados a la sociedad.

Mientras tanto, el país sigue sumido en la violencia, con cifras récord de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.

México merece un gobierno firme, con autoridad y determinación para enfrentar al crimen organizado, no una administración que entrega a los criminales para no tener que enfrentarlos.