Por: RICARDO MONREAL.

Hace unos días tuve el gusto de darle la bienvenida en la Cámara de Diputados al Secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch. En ese marco, recibimos con beneplácito las iniciativas de nuestra Presidenta en materia de seguridad, que abonarán a la modernización y al fortalecimiento de la investigación del delito, con respeto a los derechos humanos.

La seguridad de las mexicanas y los mexicanos es un asunto que no sólo define la calidad de vida de nuestras familias, sino que también tiene impacto en el desarrollo económico, social y político de la nación. La visión de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se enfoca principalmente en las acciones de prevención de adicciones y del delito, con programas y acciones específicas.

Algunos de estos programas tienen efectos directos en la calidad de vida de miles de jóvenes que normalmente están al alcance de grupos delincuenciales por la falta de oportunidades y de una buena economía familiar para continuar estudiando.

Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo presupuesto se incrementó para poder insertar a más jóvenes en el mundo laboral; la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA); el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS); la creación de más Centros de Integración Juvenil (CIJ), y el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) tienen como objetivo principal enfrentar la raíz del problema y dar soluciones a largo plazo.

Claro que esto no se trata sólo de prevenir, sino también de tomar acciones contra grupos delincuenciales y generadores de violencia. En lo que va de este sexenio ha habido operativos muy significativos: el denominado Enjambre y el decomiso de fentanilo más importante de la historia dan cuenta de ello.

Debemos implementar políticas públicas que fortalezcan a las familias, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad. Programas de apoyo psicológico, económico y educativo pueden marcar la diferencia entre una persona joven que cae en las redes del crimen y otra que no.

Las y los legisladores tenemos la responsabilidad de impulsar reformas y medidas que fortalezcan la seguridad pública, pero también debemos reconocer que la solución no reside únicamente en las leyes o en las fuerzas del orden, sino en el fortalecimiento del tejido social y la familia como pilares fundamentales de la prevención del delito.

También es fundamental tener en el panorama la particularidad geográfica de México como paso obligado de mercancías y actividades ilícitas, no sólo internas sino también de otros países. El tráfico de drogas desde el sur del continente y de armas desde el norte convierten a México en el ombligo de una actividad multinacional y millonaria, lo cual hace más complejo el reto de la seguridad interna del país, con las agravantes de desigualdad social y otros aspectos que complican aún más esta situación.

Nuestra Presidenta tiene claro que el fortalecimiento de los programas sociales como medio de contrapeso a las necesidades de miles de familias; los programas de prevención de adicciones y del delito, atacando la causa, y el accionar con firmeza ante los grupos delincuenciales del país conforman una estrategia integral de gobierno en materia de seguridad.

La seguridad es un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos, y es nuestra obligación garantizarla. Pero no podemos lograrlo sólo con leyes y policías; necesitamos reconstruir el tejido social, fortalecer a nuestras familias y brindar oportunidades a nuestras juventudes. Únicamente así podremos construir un país más seguro, justo y próspero.

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