Por: RICARDO MONREAL.

Esta semana atestiguamos la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En su primera estancia como mandatario del país del norte, el discurso fue muy similar al actual, aunque sus acciones —al menos en lo que respecta a México— no tuvieron las consecuencias imaginadas en materia de migración, inseguridad, comercio y algunos otros rubros que preocupaban al Gobierno federal de nuestra nación; mencionemos, como ejemplo, que tuvimos menos deportaciones que durante el mandato de Barack Obama.

En este segundo capítulo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América las amenazas se sienten más creíbles, lo cual representa un gran reto para nuestra presidenta, su gabinete, todas y todos los que conformamos este Gobierno y para el pueblo de México, y ello nos urge a que imperen la unidad y la hermandad.

Reflexionado lo anterior, me gustaría profundizar sobre uno de los tantos temas que de un plumazo ha autorizado Donald Trump: el hecho de nombrar a los cárteles y agrupaciones delincuenciales mexicanas como “terroristas”, lo cual implica la aplicación de una serie de sanciones económicas y diplomáticas que afectarían a individuos y grupos asociados con la criminalidad. De acuerdo con la legislación estadounidense, esto facilitaría el congelamiento de activos, la restricción de transacciones financieras y la prohibición de viajes, lo cual podría incrementar la presión sobre las estructuras criminales. Sin embargo, esta medida podría tener efectos colaterales en la economía y seguridad de México, ya que las relaciones comerciales, políticas y de cooperación en materia de seguridad podrían verse alteradas.

A nivel simbólico, esta designación sería un paso más en la internacionalización del problema del narcotráfico y de la violencia vinculada a los cárteles, trasladando el conflicto a un terreno internacional, lo cual podría comprometer la posibilidad de México para manejar la situación de manera autónoma. Al mismo tiempo, esta acción pudiese reforzar la narrativa de que nuestro país no ha hecho lo suficiente para controlar la violencia interna, cuando en realidad enfrentamos una guerra compleja que requiere un enfoque integral, respetuoso de nuestra soberanía y de los derechos humanos.

Ante este panorama, el Gobierno de México debe continuar con una postura firme, articulada y diplomática. En primer lugar, es esencial que se preserve la soberanía nacional, rechazando cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del país. El narcotráfico y la violencia tienen que seguir combatiéndose con una estrategia integral que aborde las causas sociales, económicas y de justicia, sin recurrir a soluciones unilaterales que sólo profundicen el conflicto.

La diplomacia debe jugar un papel clave en la respuesta de México ante cualquier intento de criminalizar a los cárteles como “terroristas”, y abrir un canal de diálogo con las autoridades estadounidenses para expresar de manera clara las implicaciones que esta designación tendría en la cooperación bilateral, especialmente en temas de seguridad y comercio.

De ningún modo se trata de defender a la delincuencia organizada y los cárteles, sino de estar pendientes de este tipo de acciones por parte de otros Gobiernos, ya que pueden vulnerar nuestros derechos y soberanía. No todos los fines justifican los medios; México tiene la capacidad de solucionar sus problemas internos (y así se ha comprobado en acciones concretas). Nuestro vecino del norte no puede esgrimir pretextos para tener atribuciones e injerencia política y armada en nuestro territorio.

La lucha contra el narcotráfico no es fácil ni rápida, pero México no debe ceder ante presiones externas. Tenemos que seguir trabajando por la paz, la seguridad y el bienestar de nuestra nación, siempre buscando soluciones que respeten los derechos humanos y nuestra dignidad como país.

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