Sheinbaum en Pos de La Seguridad

Por: ARTURO HUICOCHEA.

México padece, entre otros males, una epidemia llamada: violencia criminal. Curarla es la obligación jurídica, política, ética e histórica, de quienes son representantes populares, empezando por la Presidenta de la República, quien ya presentó su Estrategia Nacional de Seguridad.

“Continuar”, es la primera palabra con la que plantea el eje número 1, seguida de: “…atendiendo las causas profundas de la inseguridad”, lo que obviamente indica seguir haciendo lo que hacía el gobierno anterior. “Consolidar la Guardia Nacional”, es el segundo eje, que implica aumentar la intensidad, elevar los esfuerzos e incrementar los recursos, en una línea de acción, también iniciada por su predecesor. El tercero: “Crear un sistema de inteligencia aplicado a la investigación” es, indudablemente, reminiscencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, para terminar, el cuarto eje: “Mayor coordinación con entidades federativas y municipios”, es una obligación establecida en la ley desde siempre. Así que, del análisis de los cuatro ejes se colige, objetivamente hablando, que Sheinbaum va en pos de la seguridad haciendo más de lo mismo.

Los resultados son previsibles. El eje 1 no dará resultados porque parte de un diagnóstico fácil de entender, pero equivocado. La inseguridad no es causada por la pobreza, ni siquiera por la desigualdad. Los estados más seguros del país, Yucatán y BCS no son los más ricos; lo mismo sucede entre municipios; Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla son de los más ricos del Estado de México, y también de los más inseguros.

Las evidencias de las ciencias sociales han demostrado que primero se requiere Estado de Derecho, instituciones que hagan valer la ley, para que sea posible el crecimiento económico, el desarrollo social y la igualdad. La seguridad es la mamá de la economía.

El segundo eje es una reiteración, pues como todos sabemos, en los seis años pasados, la institución más favorecida en el gasto público federal fue la Guardia Nacional. En 2023, por ejemplo, le asignaron 70 mil millones de pesos. No obstante, sus resultados son modestos: 3,588 personas detenidas, de acuerdo con información oficial. ¡Eso significa que cada detención costó diecinueve millones de pesos! Un gasto injustificado, tomando en cuenta que más del 90 por ciento de esas personas fueron liberadas en el Ministerio Público.

Los ejes tercero y cuarto son respectivamente, como se mencionó, repetición de entidades que ya existieron y obligación establecida desde el origen que, sinceramente, han resultado improductivas hasta la fecha.

El gobierno federal dice, en un intento de generar confianza en su Estrategia, que ésta se aplicó en los últimos años en la CDMX. La evidencia aporta datos preocupantes: entre 2018 y 2024, la percepción de inseguridad en la capital de la República pasó de 79 a 73 por ciento, casi 10 puntos por encima de la media nacional, y la incidencia de delitos se ha mantenido alrededor de los 34 mil delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información oficial y confiable del INEGI. Resultados, honestamente, preocupantes si se quieren tomar como referencia. El gobierno argumenta que en esos años se redujeron los homicidios dolosos, lo cual es cierto, pero olvida reconocer que al mismo tiempo se incrementaron los culposos y creció alarmantemente la desaparición de personas. En la CDMX no lo hicieron bien.

Así las cosas, es evidente que a pesar de su muy buena reputación, el Secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la República, no tiene una Estrategia esperanzadora.  

México sigue en espera de planteamiento honesto, apegado al método científico; basado en evidencias y enfocado en resultados, que abandone esas formas de pensamiento mágico que asumen, sin fundamento, que repartiendo dinero, pagando becas, iluminando calles o recuperando parques y espacios públicos, se abate la violencia criminal. Una estrategia que entienda que únicamente con acciones de régimen político y jurídico se restablece el Estado de Derecho, y se evita la impunidad cuando, efectivamente, quien la hace la paga, y las acciones policiales no dejan crimen sin castigo. Una política pública medible, transparente y comprobable que abarque a todo el sistema de seguridad y justicia, y que asegure la calidad y la eficacia de las investigaciones criminales, respete los Derechos Humanos de todas las personas, y haga respetar a las víctimas y sus familias, garantizándoles verdad, reparación del daño y no repetición. Un compromiso concreto del gobierno, que ponga fecha a la recuperación de la seguridad, la justicia y la paz.

La Estrategia del gobierno federal no responde a lo que la nación espera y merece. La ventana de oportunidad está abierta para las otras fuerzas políticas, falta ver cuál de ellas está a la altura del desafío.

@HuicocheaAlanis