Columna Invitada

Por: Waldo Fernpandez González.

En el marco del Plan C, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una propuesta que promete ser un avance significativo en la protección social de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: las personas con discapacidad. Esta iniciativa busca integrar en la Constitución el derecho a la pensión y a la rehabilitación universal para este sector de la población, marcando un paso crucial hacia la inclusión y la equidad.

La propuesta se asemeja a la iniciativa de 2022 que estableció la pensión para adultos mayores como un derecho constitucional. No obstante, la propuesta actual tiene un alcance aún mayor al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de un derecho universal a la pensión y a la rehabilitación.

Para comprender la magnitud de esta propuesta, es fundamental analizar el contexto actual. 

En 2019, el Gobierno Federal instauró «La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente», una medida que, similar a la Pensión de Adultos Mayores, proporciona un apoyo económico bimensual. Sin embargo, esta pensión enfrenta importantes limitaciones en su aplicación. 

Uno de los mayores obstáculos es que no todas las personas con discapacidad pueden acceder a ella debido a los criterios de elegibilidad establecidos.

Uno de estos criterios es la firma del “Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad” por parte de los gobiernos estatales. Este convenio permite que la pensión sea aplicada en las entidades federativas cuyos gobiernos lo hayan suscrito. 

En el Estado de Nuevo León, por ejemplo, a pesar de contar con una población significativa de personas con discapacidad —aproximadamente 806 mil—, aún no ha firmado dicho convenio. Esta falta afecta a un número considerable de ciudadanos que deberían recibir este apoyo esencial.

Como diputado local del Congreso de Nuevo León abogué insistentemente para que se priorizara el bienestar de los nuevoleoneses por encima de las consideraciones políticas y se firmara este convenio. No tuve éxito. 

La falta de acción por parte del gobierno estatal en este aspecto no solo ha limitado el acceso a la pensión, sino que también perpetúa la desigualdad en el acceso a recursos fundamentales para la vida digna de muchas personas con discapacidad.

Con la iniciativa planteada por el Presidente López Obrador, la situación cambiará drásticamente. Al elevar la pensión para personas con discapacidad a un derecho constitucional, se eliminará la dependencia de convenios y decisiones políticas para acceder a este apoyo. 

La pensión se convertirá en un derecho universal, garantizado por la Constitución, lo que significa que no importará quién ocupe la presidencia o el gobierno estatal, todas las personas con discapacidad tendrán acceso a ella de manera equitativa.

Además, la iniciativa no solo aboga por la pensión, sino que también establece la rehabilitación como un derecho inalienable. Esto representa un avance importante, ya que asegura que todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación económica o de su proximidad a asociaciones civiles, recibirán la atención y los servicios necesarios para su bienestar y desarrollo. El Estado estará obligado a proporcionar estos servicios, garantizando que la rehabilitación no sea un privilegio condicionado por recursos financieros.

Por eso, la iniciativa no solo promete mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos, sino que también sienta las bases para un sistema más justo y accesible para todos.

El reconocimiento de la pensión y la rehabilitación universal como derechos constitucionales no solo es una cuestión de justicia, sino una inversión en la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos. 

La iniciativa planteada, pues, es un paso hacia un México más inclusivo, donde el Estado asume su responsabilidad en la protección y el apoyo de todos sus ciudadanos, sin excepción. La implementación de esta iniciativa será un hito en la historia de nuestro país, marcando un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad.